Hace 10 años en Cataluña se instauró el Servicio Comunitario como requisito obligatorio para 3º o 4º de la ESO, es decir, para chicos y chicas mayoritariamente entre 14 y 16 años. Inicialmente, recibió un nombre más largo: Servicio Comunitario con metodología aprendizaje-servicio.
Fue entonces una medida insólita en los sistemas educativos españoles, no así en otros países (Holanda, Argentina, Colombia, Colorado, Iowa, Minnesota…) donde el aprendizaje-servicio -o bien el servicio comunitario con un enfoque más de voluntariado- ya había permeado la educación obligatoria.
La verdad es que en su momento a mi me pareció una buena iniciativa. No sólo porque considero que la práctica de servicio a la comunidad debería formar parte del equipaje educativo básico, sino también porque creí que el proceso llevado a cabo por la Generalitat de Catalunya a la hora de implementar la medida había sido razonablemente sólido y evolutivo, basado en la evaluación de resultados, la formación docente y las jornadas de intercambio de experiencias. Una garantía de “no precipitación” muy apreciable.
Hoy, diez años después, matizaría mi posición. Tal vez no hubo precipitación en los aspectos mencionados, pero considero que no se prestó suficiente atención a la complejidad organizativa y a los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para que la maquinaria de la obligatoriedad funcionara con fluidez.
Encontrar servicios significativos para todo un grupo clase; contar con entidades sociales suficientes para absorber a todo el alumnado; manejar los horarios lectivos para incorporar estas prácticas; retribuir lo que no seria razonable de atribuir a horas de voluntariado del personal docente o de las entidades… son solo algunos de los aspectos no bien resueltos: un apoyo que los centros educativos y las entidades sociales necesitan y que, si no lo tienen -como en muchos casos ha ocurrido- genera desánimo y desafecto.
¿La consecuencia? Un Servicio Comunitario en vías de descrédito, tanto para el sector educativo, como para el sector social y también para las familias del alumnado. ¡Algo sin duda a evitar!
A mi parecer sólo se abren dos caminos:
- Implementar los recursos necesarios para sostener la obligatoriedad del Servicio Comunitario.
- Anular la obligatoriedad, volviendo a una práctica voluntaria y aleatoria por parte de los centros educativos, como ocurre en la etapa de Primaria y en la Formación Profesional. Vale, es una lástima, pero peor es arrastrar lo que agoniza.
Ojo, lo que acabo de exponer solo es mi opinión particular, y además, puedo estar equivocada.
Para entender con mayor profundidad este asunto, vale la pena leer el manifiesto Salvem el Servei Comunitari, elaborado por el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, del cual adjunto aquí la traducción al castellano: Salvar el Servicio Comunitario.
Por otro lado, en la última Jornada de Intercambio de Experiencias del Centre Promotor se presentó un listado de medidas concretas, resultado de un seminario llevado a cabo la pasada primavera, con 45 centros educativos y entidades sociales veteranas en la aplicación del Servicio Comunitario. Este documento se divulgará a principios del curso 2025-2026.
Para concluir: el Servicio Comunitario (o el aprendizaje-servicio) obligatorio es una estrategia delicada que requiere mucha previsión y puede tener consecuencias indeseables no tomarla.
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